Hay
dos puntos fundamentales cuando se requiere revisar el tema de la relación
entre el Estado y la ciudadanía. Lo que
observamos es que se está dando en un ámbito de constante conflictividad, que
significa un no reconocimiento por parte de algunos sectores que le dan un
alcance de ilegitimo a los gobernantes.
Lo que vale reflexionar si ésta se genera a partir de la toma de
decisiones por parte de estos o de la forma institucional en cómo se plantea
esta relación; yo pienso que es por lo primero, los ciudadanos exigen y
reclaman su propio rumbo y, cuando este no se alcanza en una mesa, agenda de
dialogo institucionalmente hablando se da necesariamente una ruptura por el
tipo de decisiones que los gobernantes generan. Lo que se plantea entonces, es
la capacidad de los gobiernos para mantener de manera clara su concepción en la
práctica de lo que llamamos democracia y su eficacia de tomar en cuenta a los
ciudadanos en la estructuración de la política pública. Sin embargo nos habla
de la incapacidad de los gobiernos por entender que las situaciones no pueden
entenderse fuera de la forma en como las comunidades o sociedades recepcionan
por parte de los gobiernos la apertura hacia la construcción no solo de las
políticas sino también de su propia constitución como sujetos sociales así como
del tejido territorial e institucional. Así, diríamos que el punto de la
conflictividad está regida por un lado, por la permanente tensión entre las
formas institucionales del gobierno y las prácticas culturales y sociales de
las comunidades o pueblos. En otras palabras, la función gubernativa determina
de manera crucial la estructuración de las políticas sociales, es decir, la
manera particular en como los gobernantes disponen de los recursos
institucionales y las prácticas culturales de la sociedad es como se definen el
proyecto y las políticas. De tal manera que, la forma de superar el conflicto
entre gobierno y sociedad habría que partir de la acción de empoderar los
diferentes intereses hacia un proyecto social o en su caso, buscar un
equilibrio entre las tensiones sociales y la normatividad institucional, pues
al final, esta última se sujeta a las distintas interpretaciones y prácticas de
cada gobierno. Esto no significa que buscamos la realización de una sociedad a
la que se le cumplen sus caprichos sino más bien a la que se le dan sus
espacios ante instituciones que habían burocratizado la toma de decisiones y la
escucha. Hoy el riesgo social crece porque se constituyó un gobierno
cuestionado desde la democracia electoral pero que dio un salto peligroso
haberse legitimado únicamente desde allí, precisamente porque años anteriores
los tejidos sociales y territoriales no han marcado una justa y equitativa
distribución del desarrollo.