Gobierno y ciudadanía, la estructuración de la política pública

Hay dos puntos fundamentales cuando se requiere revisar el tema de la relación entre el Estado y la ciudadanía.  Lo que observamos es que se está dando en un ámbito de constante conflictividad, que significa un no reconocimiento por parte de algunos sectores que le dan un alcance de ilegitimo a los gobernantes.  Lo que vale reflexionar si ésta se genera a partir de la toma de decisiones por parte de estos o de la forma institucional en cómo se plantea esta relación; yo pienso que es por lo primero, los ciudadanos exigen y reclaman su propio rumbo y, cuando este no se alcanza en una mesa, agenda de dialogo institucionalmente hablando se da necesariamente una ruptura por el tipo de decisiones que los gobernantes generan. Lo que se plantea entonces, es la capacidad de los gobiernos para mantener de manera clara su concepción en la práctica de lo que llamamos democracia y su eficacia de tomar en cuenta a los ciudadanos en la estructuración de la política pública. Sin embargo nos habla de la incapacidad de los gobiernos por entender que las situaciones no pueden entenderse fuera de la forma en como las comunidades o sociedades recepcionan por parte de los gobiernos la apertura hacia la construcción no solo de las políticas sino también de su propia constitución como sujetos sociales así como del tejido territorial e institucional. Así, diríamos que el punto de la conflictividad está regida por un lado, por la permanente tensión entre las formas institucionales del gobierno y las prácticas culturales y sociales de las comunidades o pueblos. En otras palabras, la función gubernativa determina de manera crucial la estructuración de las políticas sociales, es decir, la manera particular en como los gobernantes disponen de los recursos institucionales y las prácticas culturales de la sociedad es como se definen el proyecto y las políticas. De tal manera que, la forma de superar el conflicto entre gobierno y sociedad habría que partir de la acción de empoderar los diferentes intereses hacia un proyecto social o en su caso, buscar un equilibrio entre las tensiones sociales y la normatividad institucional, pues al final, esta última se sujeta a las distintas interpretaciones y prácticas de cada gobierno. Esto no significa que buscamos la realización de una sociedad a la que se le cumplen sus caprichos sino más bien a la que se le dan sus espacios ante instituciones que habían burocratizado la toma de decisiones y la escucha. Hoy el riesgo social crece porque se constituyó un gobierno cuestionado desde la democracia electoral pero que dio un salto peligroso haberse legitimado únicamente desde allí, precisamente porque años anteriores los tejidos sociales y territoriales no han marcado una justa y equitativa distribución del desarrollo.